El pasado año, el TSJ valenciano ordenaba a la Generalitat el derribo de las dos torres de 21 alturas -conocidas como ‘Gemelos 28’-, construidas en la Punta Llisera, en la costa de Benidorm. El pleno del Consell ha aprobado la Cuenta General de 2017, en la que se incluyen provisiones por un importe de 147,5 millones de euros para hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales derivadas de actuaciones del anteriores ejecutivos del Partido Popular, entre las que se encuentra la resolución que obliga a demoler estos dos edificios.
El Gobierno valenciano estimó inicialmente en 72 millones de euros el impacto de la resolución del alto tribunal valenciano para hacer frente al derribo de los bloques y a la indemnización a los 168 propietarios de los apartamentos de lujo. Sin embargo, la complejidad de la operación aumenta el coste para las arcas públicas hasta los 100 millones de euros.
La construcción de estas torres, autorizada en pleno ‘boom’ inmobiliario en 2005 por el Gobierno autonómico de Francisco Camps -con Rafael Blasco como conseller de Territorio- pese a los informes técnicos y jurídicos, así como del Ministerio, desfavorables, ha sido considerada ilegal por vulnerar la ley de Costas.
La sentencia del TSJ de noviembre del pasado año complementaba la resolución del Tribunal Supremo que en 2012 declaró ilegal el permiso concedido por la conselleria. El alto tribunal consideró que las edificaciones ocupaban una zona de dominio público de servidumbre marítimo-terrestre. En 2005, el ministerio de Medio Ambiente que dirigía la socialista Cristina Narbona ya advirtió de la ilegalidad de esta licencia.
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